Tras el aval que recibió en las comisiones de Justicia y Legislación Penal, los diputados aguardaban por el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal del proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer la justicia federal de Santa Fe.

Esa información se dio a conocer este viernes, por lo que ya fue convocada para el próximo miércoles -a las 10- la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a fin de darle el último dictamen que le resta a la iniciativa, cuyo tratamiento se aceleró a raíz del incremento de la violencia narco en Rosario. Se trataría en el recinto el próximo 28 de marzo.

De acuerdo al documento difundido por el organismo de asistencia técnica, “el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente”. El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen, aclaró la OPC.

El informe señala que “las erogaciones en personal se estiman en $1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional”.

“Esta estimación no contempla los gastos que demandaría la eventual aprobación del proyecto, vinculados a los organismos que se conformarán a partir de lo dispuesto: la dotación de personal que eventualmente acompañe a los cargos que se crean, los gastos operativos (insumos, servicios públicos, gastos de limpieza, entre otros) y de inversión (oficina, mobiliario, equipos informáticos, equipos de comunicaciones, entre otros) que pudieran generarse”, se subrayó.

Para el análisis del proyecto se consideró que “el ejercicio simultáneo de funciones y competencias territoriales a jueces que ya se encuentran en actividad, no generarían costos salariales adicionales (artículos 2, 11, 14, 15 y 16)”.

“En base a la escala salarial vigente se valorizaron los 50 cargos según cada categoría adicionando una estimación propia de adicionales remunerativos, obteniendo un gasto anual aproximado de $1.564 millones, incluyendo sueldo anual complementario y contribuciones patronales (a cargo del Estado empleador), sobre los montos de las retribuciones a valores de marzo de 2023”, se precisó.

En ese sentido, se explicó que “el gasto estimado se vería compensado parcialmente por los ingresos a la Administración Nacional en concepto de aportes y contribuciones con destino a la Seguridad Social y el Impuesto a las Ganancias (por la parte que ingresa al Tesoro Nacional, dado que es coparticipable) que se le aplican a cada trabajador. Al respecto, los fondos que ingresan a la Administración Nacional con destino a la Seguridad Social para financiar el sistema previsional se componen de un aporte personal sin tope del 18% y de la contribución patronal del 16%”.

“A partir de 2017, los nuevos integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación tributan el Impuesto a las Ganancias. Se ha considerado que las personas que ocuparían los cargos que se crean, no provienen de otros designados en dichos ámbitos con anterioridad al 2017 por lo que estarían alcanzados por el impuesto”, agrega.

En resumen, “el gasto en personal estimado en $1.564 millones se vería reducido por los ingresos que generarían los aportes y contribuciones a la previsión social ($432 millones) y por la aplicación del Impuesto a las Ganancias que ingresaría al Tesoro Nacional ($25 millones). De ello resulta un impacto fiscal aproximado de $1.106 millones”, especificó la OPC.